Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia | 19 abril 2024.

La Federación de Enseñanza de CCOO considera inaceptables las palabras del Presidente Valcárcel en las que atribuye a la enseñanza privada una mayor calidad que a la pública.

    18/03/2013.

    CCOO recuerda que Valcárcel es responsable desde hace catorce cursos académicos de gestionar la enseñanza pública no universitaria de la región.

     

    Resulta incomprensible que el máximo responsable de la primera empresa educativa de la región (la enseñanza pública representa el 73% de la oferta educativa regional) alabe a la competencia y afirme que presta un servicio de más alta calidad que el que dan los centros que dependen de él.

     

    El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación gestiona los colegios, institutos y centros de enseñanza de régimen especial, y es igualmente responsable de la insuficiente financiación de los mismos.

     

    Las palabras del Presidente regional suponen reconocer que no está gestionando adecuadamente el sector educativo del que es titular y señala a los recortes aplicados por su propio gobierno como causantes de esa supuesta (y en opinión de CCOO inexistente) menor calidad educativa.

     

    CCOO considera que lo que se ha producido es una (auto) descalificación de los gestores educativos regionales que solo puede tener como salida o el cese de los responsables de tal situación o la renuncia expresa a seguir gestionando unas competencias educativas a las que se mostraría incapaz de dotar de una calidad equivalente a las de la oferta privada.

     

    CCOO denuncia que la afirmación del Presidente Valcárcel carece de cualquier tipo de fundamento, y rechaza que se correspondan a la realidad; por lo que realmente constituyen una grave irresponsabilidad. CCOO exige que el Presidente desmienta lo afirmado la noche del pasado viernes y se excuse públicamente con la totalidad de la comunidad educativa regional.

     

    En caso de que Valcárcel no desmintiera tal valoración CCOO exige que haga públicos los datos en que la basa y que proceda a la destitución de los gestores directos de tal desastre.

    Murcia 18 de marzo de 2013

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