Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia | 25 abril 2024.

CCOO insta al Gobierno a establecer un verdadero diálogo y consenso para determinar las prioridades educativas

    El sindicato denuncia que la memoria económica de la reforma incluye un recorte de más de 91 millones de euros

    30/01/2013.

    La Federación de Enseñanza de CCOO insta de nuevo al Gobierno a que establezca un verdadero diálogo y consenso social para determinar las prioridades del sistema educativo y orientar los recursos económicos de forma eficiente, de acuerdo con las necesidades y con las evidencias empíricas que aportan los expertos nacionales e internacionales en educación, formación y empleo. En consecuencia, CCOO vuelve a pedir la retirada de un anteproyecto de la LOMCE, que no sirve para resolver los problemas reales de la educación y al que se opone la mayor parte de comunidad educativa. CCOO ha liderado y continuará liderando la movilización de toda la comunidad educativa hasta lograr la desaparición definitiva de este anteproyecto.

    Tras la grave repercusión de los recortes impuestos por el Ministerio en la enseñanza pública, la memoria económica de la reforma educativa presentada por el Gobierno no sólo no prevé la progresiva recuperación de los recursos que se han mostrado imprescindibles, sino que incluye un recorte de más de 91 millones de euros que supondrá un nuevo varapalo a las políticas compensatorias y una nueva reducción de profesorado.

    En un contexto en el que resulta obvio que las medidas de reducción del gasto educativo se traducen en una grave degradación de la calidad de la educación pública y de las condiciones laborales de sus profesionales, el Ministerio, haciendo un incomprensible análisis de la realidad educativa del país, no prevé gasto alguno para reponer profesores, ni para recuperar el programa de creación de plazas escolares para menores de tres años; tampoco para favorecer el  restablecimiento de las becas de comedor o de libros que se han eliminado.

    Resulta sorprendente que el Ministerio asuma como una prioridad el gasto en la creación de una serie de evaluaciones y pruebas totalmente prescindibles que sólo sirven para determinar los déficits y carencias en el nivel educativo del alumnado que el profesorado ya conoce, pero no para fijar las estrategias y los programas que los deben resolver.

    El objetivo de esta batería de "exámenes" es certificar unos resultados que permitan justificar la segregación escolar temprana, que para el ministro constituye el mejor mecanismo para lograr reducir la tasa de abandono educativo, a pesar de que no existe suficiente conocimiento científico solvente que lo demuestre.

    Solo en este contexto es comprensible que la mayor partida presupuestaria, más de 229 millones de los 408 que gastará el Gobierno central en los tres primeros años, se invierta en las reformas de 3º y 4º de la ESO, es decir, en establecer determinados "itinerarios" -no los entendidos como la variedad de la oferta curricular- destinados a clasificar a los alumnos en función de su nivel académico, diferenciándolos lo antes posible con una formación de desigual valor.

    En definitiva, se trata de un gasto centrado en las medidas que avalan la sustitución de la educación integral y comprensiva, cuyo eje es la cohesión social, por una formación orientada a los resultados, basados en pruebas excluyentes que favorecen el establecimiento de un ranking público en el que los centros educativos compiten entre sí.

    El singular "modelo de financiación" diseñado por el Ministerio hace recaer el gasto derivado de la mejora de la tasa abandono escolar temprano (un gasto mayúsculo) en las comunidades autónomas, que deberán sufragar el coste derivado de la reincorporación de los alumnos que vuelven al sistema, calculado entre 150 y 925 millones por año. Una empresa prácticamente inasumible para la mayoría de administraciones educativas, asfixiadas económicamente por el objetivo de déficit.

    CCOO considera especialmente preocupante el ahorro asociado a la eliminación de optatividad en el Bachillerato, pues la compactación de estas materias supone también una disminución del horario lectivo del profesorado -concretamente de una carga horaria equivalente a 2.534,4 profesores o equivalente a 91.765.555,20 euros, si se prefiere - que puede significar, en cómputo global, nuevos recortes en las plantillas de unos  centros que no se lo pueden permitir.

    Por otro lado, nos sorprende también que el análisis no haya considerado costes que resultan obvios, como, por ejemplo, el mantenimiento de la asignatura de religión en todos los cursos y, además, la incorporación de una materia alternativa que el propio ministro ignora para qué va a servir y cuya existencia se justifica exclusivamente en una demanda de la Conferencia Episcopal.

    Los costes de la LOMCE se hacen públicos en un momento en que otros países de nuestro entorno, como Francia, hacen públicas también sus medidas para mejorar los resultados educativos y donde, en una versión opuesta de lo que nuestro Gobierno piensa que hay que hacer, se otorga prioridad a medidas como el incremento de profesionales, el aumento de recursos para la Educación Infantil y Primaria, la consolidación y ampliación de la formación artística, cultural y cívica o la modernización de la formación inicial del profesorado.

    Finalmente, CCOO cuestiona abiertamente la necesidad y la prioridad de las medidas en las que el Gobierno quiere invertir el dinero, más orientadas a disponer de un sistema educativo al servicio de una determinada concepción ideológica de la sociedad, que responder a las necesidades educativas reales.

    Más información. Pedro Badía. Secretario de Comunicación, Información y Cultura, 686.711.235.

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